Dirección
General de Comunicación Social
Boletín
de prensa 095/2008
México,
D.F., a 7 de mayo de 2008.
PRESENTACIÓN
DEL Diagnóstico de Derechos Humanos
del
Distrito Federal
Al
calificar como crítica la situación del ejercicio de
los derechos humanos en la ciudad de México, el Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),
Emilio Álvarez Icaza Longoria, llamó a colocar, desde
la normalidad democrática, en el centro de la gestión
pública las necesidades, preocupaciones, intereses y derechos
de las personas que viven y transitan en la capital del país.
Durante
la presentación del Diagnóstico
de Derechos Humanos del Distrito Federal,
dijo que es indispensable que las políticas públicas se
traduzcan en presupuestos y no se queden en buenas voluntades, por lo
que hizo énfasis en la necesidad de que se integre un fondo
autónomo de participación obligatoria para el Gobierno
capitalino y las Delegaciones que, lamentó, estuvieron
ausentes en el Diagnóstico.
En
presencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo
Ebrard Casaubón; del representante de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) en México, Amerigo Incalcaterra; del Presidente de
la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Círigo Vázquez;
del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
(TSJDF), Edgar Elías Azar; y representantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) y el sector académico, advirtió:
“Ante lo complejo de la problemática política,
económica y social que hoy vivimos, el proceso del Diagnóstico
muestra una ruta de cómo enfrentar nuestros problemas”.
El
Ombudsman
capitalino explicó que reconocer las debilidades en el
ejercicio de los derechos humanos es difícil, pero es
precisamente “el punto de partida para su corrección y para
construir la ciudad que queremos. Hoy el camino que se abre, a través
de este Diagnóstico,
es reconocer el primer eslabón para la construcción de
una política de Estado en materia de derechos humanos”.
Agregó
que el desafío, reconocido por todos quienes elaboraron y
presentaron el Diagnóstico, es justamente la oportunidad de
construir esa política pública, a través de
programas y acciones de gobierno que ayuden al ejercicio de los
derechos humanos con una visión de Estado que deberá
atender las 16 recomendaciones generales del Diagnóstico.
En
ese propósito, dijo, el Jefe de Gobierno capitalino deberá,
en cumplimiento de su compromiso político, incluir dentro de
sus 20 Programas de este año el Programa número 2, el
de Derechos Humanos, y reconoció el trabajo del Ejecutivo
local, así como del Poder Judicial y de la ALDF para la
elaboración del Diagnóstico.
Hemos convenido desde el Comité
de Elaboración del Diagnóstico, agregó, empujar
una Ley de Derechos Humanos para el Distrito Federal, que incluya no
los compromisos y obligaciones del Estado, que ya están en los
más de 151 tratados internacionales firmados por México,
incluida su capital, sino que defina los mecanismos para su
cumplimiento, a través de la precisión de las políticas
públicas con enfoque de derechos humanos.
“El
objetivo final es que todos los que habitan y transitan por la ciudad
de México estén en una mejor situación. A final
de cuentas para eso es el cumplimiento de los derechos humanos: para
que podamos tener una sociedad basada en la justicia, una sociedad
fraterna, una sociedad solidaria, pero que también nos permita
una mejor forma de vida”, subrayó.
Álvarez Icaza Longoria
destacó, en el marco del 60 Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de los compromisos
internacionales del Estado Mexicano, la oportunidad con que se
analizó, en un ejercicio inédito a nivel mundial, lo
que pasa a nivel local con los derechos de quienes habitan y
transitan en el Distrito Federal y reiteró que los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas son
obligaciones de los Estados.
Por
su parte, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard
Casaubón, celebró la elaboración y presentación
del Diagnóstico,
el cual reconoció como “crítico”, pero dijo: “Lo
más importante es que será la guía de lo que se
debe hacer en la gestión pública de los próximos
años, una vez que sabemos qué queremos, dónde
estamos y por qué lo queremos, ahora debemos definir cómo,
quiénes y cuándo lo vamos a lograr”.
Señaló que el objetivo
principal de su Programa de Gobierno es el pleno ejercicio de los
derechos de las personas: “En esta ciudad, la más avanzada
del país, de instituciones autónomas y académicas,
la sociedad civil y los tres poderes del Estado tenemos, primero, la
insatisfacción y la ambición de tener lo que queremos y
merecemos y, segundo, el compromiso para hacerlo con veracidad”.
En
tanto, el representante de la OACNUDH en México, Amerigo
Incalcaterra, identificó como el principal reto del
Diagnóstico el convertir las obligaciones del Estado en
acciones concretas de políticas públicas que redunden
en la protección efectiva de los derechos individuales y
colectivos.
Consideró también que
el Diagnóstico no sólo beneficiará al campo
específico de los derechos humanos, sino también
fortalecerá el Estado de Derecho y la gobernabilidad
democrática.
“El Diagnóstico hace
explícito y concreto los compromisos del Estado asumidos
internacionalmente sobre derechos humanos; permite un acercamiento
comprensivo e integral a las violaciones de los derechos; privilegia
el acercamiento no confrontativo a las temáticas de los
derechos; permite establecer prioridades; dota de transparencia a la
acción del Estado y permite fijar objetivos y metas claras”,
indicó.
El
Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor
Hugo Círigo Vázquez, aseveró que el Diagnóstico
construirá una mejor ciudad, fortalecerá la democracia
y coadyuvará al reconocimiento de los derechos.
“Una
ciudad que amamos, que vivimos y que a veces también sufrimos,
nos compromete a caminar hacia el futuro juntos, sin protagonismos y
sólo con la firme intención de actuar con
responsabilidad”, subrayó.
El
Presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, puntualizó que
para tener un Estado verdaderamente democrático no basta con
reconocer y proteger los derechos, sino hacerlos accesibles para las
personas.
Elías
Azar enfatizó que una manera de medir el grado de
sensibilización de una sociedad es observar el actuar de sus
jueces, y en ese sentido, dijo, el TSJDF se empeñará en
ser un valuarte de la defensa de los derechos. “Los derechos
humanos son universales y no se debe nunca bajo ninguna circunstancia
admitir limitaciones de ninguna especie”, expresó.
La Consejera de la CDHDF, Denise
Dresser Guerra, aseveró que la labor del Gobierno capitalino
no es otorgar garantías sino también reconocer derechos
ciudadanos. La voluntad política de las autoridades que
participaron en la elaboración del Diagnóstico, afirmó,
se encamina a que gane el ciudadano y “no el partido, el proyecto,
el candidato o el movimiento”.
Sostuvo
que la ciudad de México está marcada por la ausencia de
condiciones dignas para vivir: “Las políticas públicas
no se elaboran en función de compromisos internacionales sino
como resultado de agendas de grupos de presión, donde con
frecuencia importa más el poder de los grupos corporativos que
el derecho de los individuos, donde con demasiada frecuencia las
autoridades toman decisiones en función de una agenda política
más no de una agenda democrática”.
La representante de FUNDAR, Centro de
Análisis e Investigación, A. C., Jacqueline L’Hoist,
enfatizó que el Diagnóstico fue un esfuerzo conjunto
entre academia, sociedad civil y gobierno en el que se reconocen las
causas de las violaciones a los derechos humanos en el Distrito
Federal: “Con este Diagnóstico el Gobierno capitalino acepta
sus debilidades, vacíos y retos que enfrenta en esta materia”.
Comentó
que en la elaboración del Diagnostico hubo “claroscuros”
debido a la ausencia de información estadística, además
de que no se contó con el apoyo de las Delegaciones.
La
Directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) en México, Giovanna Valenti Nigrini, destacó
el trabajo del sector académico en la construcción de
puentes de diálogo con las autoridades capitalinas para el
diseño de políticas públicas.
Subrayó
tres desafíos para el Distrito Federal en materia de derechos
humanos; el primero es armonizar la actuación de los tres
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y también la
organización entre el Gobierno central, las delegaciones y los
organismos autónomos. El segundo es armonizar las acciones de
los tres poderes federes en las áreas que son de su
competencia. El tercero la divulgación del Diagnóstico
y su acompañamiento por parte de la sociedad civil.
